Chinese (Simplified) English French Romanian Russian

SANIDAD UNIVERSAL CON RESTRICCIONES PARA LOS INMIGRANTES

Publicado el 12 de mayo de 2012 en la Revista Cataluña Cristiana

El Gobierno acaba de aprobar unas medidas urgentes en el Real Decreto del 24 de abril de 2012 (sin previo debate parlamentario) que afectan, y mucho, al derecho universal a la sanidad pública de todos los ciudadanos que viven en España. Especialmente grave, o muy grave, nos parece la prohibición —hasta ahora permitida— de prestar asistencia médica a los extranjeros irregulares. La prohibición afecta, a partir de este momento, a los no nacionales que viven de facto aquí pero que están legalmente empadronados en un municipio.

Es muy grave que la ministra de Sanidad, Ana Mato, al referirse a este colectivo, los tilde, despectivamente, de «inmigrantes ilegales», con lo cual criminaliza— ilegalmente— a este colectivo de personas. Hay que recordar a todo el mundo (en especial a la Sra. ministra) que una persona jamás es ilegal, sólo es ilegal una acción o una cosa.

Jamás me cansaré de repetir que los inmigrantes irregulares no son criminales ni delincuentes. Son simplemente personas, no nacionales españolas que, si bien están empadronadas, no tienen un permiso administrativo que les autoriza a vivir aquí, pero eso no los convierte en delincuentes.

La ley de Extranjería (promulgada por el Sr. Aznar) reconocía para este colectivo (según el Gobierno, más de 500.000 almas) el derecho fundamental a la sanidad pública si estaban empadronados.

El acceso a la sanidad pública es un derecho fundamental y un valor de nuestra sociedad que no se puede limitar sólo por razones económicas. Si las normas son contrarias a la dignidad de la persona (art. 10 de la Constitución) deberemos modificar primeramente, la Constitución de 1978, y denunciar los tratados internacionales, donde se garantiza este derecho a todas las personas.

El descontrol o falta de prevención y atención por parte de la red de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares puede suponer un descontrol para la población y que aparezcan enfermedades ya erradicadas en Europa (tuberculosis, sida, y otras contagiosas). Lo que es seguro es que la enfermedad, una vez extendida, no distingue entre «buenos y malos»; entre regulares e irregulares.

No se pueden matar moscas a cañonazos y aún menos cuando estos cañonazos van contra los derechos fundamentales de las personas. Limitar el derecho a la sanidad a una parte de la población recuerda lo que sucede en las guerras actuales: que causa más víctimas «el fuego amigo» que «el de los enemigos».

Gobierno de España y Sra. ministra, no creemos peligros a la salud de la ciudadanía criminalizando a los inmigrantes irregulares. Este colectivo sólo es eso: personas con un estatus irregular en el territorio, sin embargo, como personas, son titulares de derechos fundamentales, como usted o yo. La atención sanitaria pública es un derecho trascendente en un Estado democrático en la Europa del siglo XXI. El Gobierno debe saber que con la salud de todos no se juega.

 

Eduard Sagarra Trias
Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad de Barcelona