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SANIDAD UNIVERSAL CON RESTRICCIONES PARA LOS INMIGRANTES

El pasado 20 de abril, el consejo de ministros aprobó un Real Decreto Ley a través del cual se modificará la actual ley de extranjería, endureciendo fuertemente los requisitos para los inmigrantes que quieran empadronarse en España. Dichas medidas, pretenden ahorrarse más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Con estas medidas, el gobierno pretende terminar con el llamado “turismo sanitario”.  La modificación supone que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en caso de urgencia, enfermedad grave o accidente, hasta la situación de alta médica. También se incluyen los casos de asistencia al embarazo, parto y postparto. Los extranjeros menores de dieciocho años tendrán derecho a la cobertura sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

El resto de personas tendrán derecho a la asistencia sanitaria siempre que ostenten la condición de asegurado, es decir, sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, que se encuentren afiliados a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta. También son asegurados los pensionistas, los perceptores de alguna prestación o subsidio por desempleo, o aquellos que habiendo agotado la prestación o el subsidio por desempleo, figuren inscritos en la oficina correspondiente como demandantes de empleo. En el resto de casos en los que no se cumpla ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España, y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

Asimismo, tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que éstos residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente. También el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo, que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

El Real Decreto Ley, también restringe la situación para las personas comunitarias. Éstas, tendrán derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.
Aunque algunas comunidades autónomas como la de Madrid parece que ya están empezando a aplicar dichas medidas, en Cataluña se ha confirmado que sí se prestará asistencia sanitaria integral para los inmigrantes irregulares, contraviniendo lo establecido en el Real Decreto Ley que reforma el sistema sanitario español.

Recordemos que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud. Se trata de un derecho fundamental recogido por la mayoría de normas y tratados internacionales, y por ello un derecho fundamental de la persona. Podríamos afirmar que sería inconstitucional no atender a una persona con las prestaciones y servicios sanitarios necesarios. Y lo que es más grave, sería un retroceso en el sistema de derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Como se va a dejar de atender, en pleno siglo XXI a una persona irregular, que necesita un tratamiento médico, que es fundamental para su vida? Si bien es cierto que el artículo 126.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, contempla la residencia temporal por razones humanitarias a los extranjeros que sufran una enfermedad sobrevenida, de carácter grave y que requiera asistencia sanitaria especializada, ¿Qué ocurrirá con aquellos inmigrantes extracomunitarios enfermos, que no estén dados de alta, ni perciban ninguna ayuda económica, y que no puedan regularizarse a través de esta vía? Se dejaría así sin cobertura a las personas más necesitadas de la sociedad. Por no añadir, las consecuencias que en último término, supondría la no cobertura sanitaria a inmigrantes. Éstas, podrían ser entre otras, graves problemas de salud pública, así como efectos secundarios en la población residente legal, ya que muchas de las enfermedades podrían propagarse.
También, el hecho de que los inmigrantes en situación irregular no puedan acudir a la atención primaria, hará que falle la detección temprana de enfermedades, al igual que la posibilidad de detección de casos de violencia de género o trata de personas con fines de explotación.

Por último, también se deja de lado el llamado juramento hipocrático, mediante el cual, no es ético poner a un médico ante esta disyuntiva. ¿Qué pasa con el código deontológico del médico? Los médicos, atienden a personas, no a asegurados.

 

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Marina Cortasa Cachero
Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados