Chinese (Simplified) English French Romanian Russian

RENOVACIÓN Y ANTECEDENTES PENALES. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

24-09-2012

En el ámbito de la extranjería nos encontramos con que, ya no sólo las leyes son puramente circunstanciales y claramente llevadas a cabo para beneficiar a unos en detrimento de otros, sino que el modo de interpretar las mismas depende del momento social, político, y mucho más económico, del país. No es extraño que cuando se sabe de la comisión de algún delito o altercado, una de las primeras preguntas sea si el que lo ha cometido “era de fuera”, casi asintiéndolo con la misma pregunta. Y es que de aquellos que entran a España, además de esperar que trabajen mucho y gasten poco de nuestro sistema social, esperamos que no sean problemáticos, olvidando que los que vienen son, a la postre, igual que los que están aquí, actuando unas veces bien, y otras no tanto. Es por ello que el tema de que un extranjero cometa un delito parece que socialmente se reprueba más que si de un español se tratara, y parece que quien le ha dejado entrar en España (nuestras autoridades) son tanto más incompetentes cuantos más delincuentes extranjeros citan las estadísticas.  

Es por esto mismo que, pese a que ya nuestros Tribunales han señalado la necesidad de poner en situación y contexto el hecho de que la persona extranjera haya cometido un delito y la relación de ello con sus documentos de residencia en España, y pese a que el legislador es francamente vago al exponer el modo de actuar ante esto mismo, la realidad es que la Subdelegación de Gobierno suele valorar en primera instancia como causa de denegación de la renovación del permiso de residencia del extranjero, el hecho de que éste haya delinquido, máxime si éste no ha cumplido la condena impuesta.

Que señala la legislación al respecto y que interpretación le dan los Tribunales:

Cuando a una persona se la juzga por la comisión de un delito y se le impone una pena determinada, una vez cumplida la misma, la persona tiene todavía antecedentes penales. Según la legislación vigente ello no debe ser motivo suficiente para denegar la renovación del permiso de residencia en España, sino que deben valorarse ciertas circunstancias. Como veremos a continuación en recientes sentencias los Tribunales llaman a que la Administración entre a valorar, ya no sólo lo que estrictamente la ley indica que debe tenerse en cuenta, sino también las circunstancias concretas del interesado, el tiempo de estancia en nuestro país, el trabajo realizado, la familia que aquí tiene etcétera.

El artículo 31 de  la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social indica que “Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso: Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad”. El Reglamento que desarrolla la ley señala en su artículo 71 que “para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes que el extranjero haya cumplido la condena, haya sido indultado o se halle en situación de  remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena.” Es necesario tener en cuenta que la legislación señala la necesidad de valorar estas situaciones, dejando a última instancia la discrecionalidad de esto a la Administración, siendo que ésta mayormente obvia este paso previo de valoración, utilizando cláusulas estereotipadas basadas en algunos casos en criterios internos que el ciudadano desconoce. En este sentido se pronuncia  el Tribunal Superior de Justicia de Las Canarias, Sentencia 12/2012 de 20 de enero cuando dice “esa necesidad de valorar las circunstancias concurrentes no constituye una posibilidad excepcional, sino un verdadero mandato de valorar, en todos los casos en los que se solicite la renovación, aún cuando los antecedentes no hayan sido cancelados. Es decir, exteriorizar las razones por las que, a la vista de los antecedentes penales no cancelados, la Administración llega a una determinada conclusión”. Continúa diciendo “como había advertido el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de febrero de 2.005, en interpretación del artículo 13.2 de la derogada Ley Orgánica 7/85, ...No existe el automatismo condena penal-denegación de renovación que ahí se postula, porque lo primero que dice la Ley que hay que valorar son las circunstancias concurrentes en cada caso, entre ellas, y sólo entre ellas, la existencia o inexistencia de antecedentes penales”; indicando aquí la Sentencia algo relevante,  “es de entender que la existencia de antecedentes constituye la regla general impeditiva de la renovación del permiso se estaría dando a la pena un plus de reproche mucho mas allá de los que son sus finalidades propias (retributiva, preventiva y de reinserción social).

Pero parece claro que, todo y debiéndose valorar las circunstancias del interesado, si nos encontramos con que el extranjero está cumpliendo condena, la renovación se plantea complicada. Fijemos la atención en la Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 47/2012 de 27 de febrero, que señala, en un caso en el que el extranjero tenía incluso un hijo existiendo además un régimen de visitas y una pensión alimenticia  establecidos, que:  “en el presente caso es evidente que a la fecha de la resolución recurrida (que es la que debemos tener en cuenta), ni el recurrente había cumplido todas las penas a las que fue condenado, ni consta que se le hubiera concedido la remisión condicional de todas las penas (no sólo la de prisión), por lo que no se daba el supuesto de hecho que permite conceder la renovación pese a la existencia de antecedentes penales". Al entrar a contemplar el arraigo del extranjero añade “Por último ni el arraigo aducido o la alegación de que puede incumplir las medidas adoptadas por el Juzgado de instrucción n.º 5 de Toledo si no se le concede la renovación, no enerva la conclusión anterior ya que el arraigo no permite eludir el resto de los requisitos legalmente exigidos para obtener la renovación de la autorización de residencia, y en cuanto a las medidas, resulta evidente que la pensión de alimentos fijada podrá el recurrente seguir abonándola desde su país y el régimen de visitas deberá adoptarse a las nuevas circunstancias derivadas de no disponer el recurrente de permiso de residencia en España". En este caso no se tiene en cuenta más que estrictamente lo que señala la norma, el estado de cumplimiento de la condena, independientemente de la situación personal del interesado.

 

Victoria Viñamata Serra
Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados