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BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA

12-02-2013

El pasado mes de abril se aprobó el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Dicha normativa, ha supuesto un cambio en cuanto a los beneficiarios de la asistencia sanitaria pública española.

Los requisitos para poder beneficiarse del sistema de salud público, son los siguientes: 

  • Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
  • Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
  • Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
  • Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

¿Qué ocurre en el resto de situaciones que no se encuentran en ninguno de los supuestos mencionados más arriba?

Pongamos por ejemplo a los rentistas, estudiantes, mayores de 26 años sin empleo, miembros de órdenes religiosas, residentes legales, separados o divorciados…etcétera. El Decreto aclara estas situaciones y establece un límite económico de 100.000 euros de renta máxima anual que se exigirá a los que no coticen para tener acceso a la tarjeta sanitaria, y por tanto al sistema público sanitario español. Por tanto, podemos afirmar, que todos los españoles, así como los residentes legales sí tendrán acceso a la sanidad pública española siempre y cuando la renta máxima anual no supere la cantidad mencionada más arriba.

Sólo se exigirá haber cotizado a quienes ganen más de esa cantidad anual. Todo el que ingrese menos de esa cifra y esté en situación legal (español o extranjero) tendrá derecho a la tarjeta sanitaria.

También tendrán acceso a la sanidad gratuita, "siempre que residan en España", el cónyuge "o persona con análoga relación de afectividad, que acrediten la inscripción oficial correspondiente. Asimismo, los ex cónyuges a cargo del asegurado; y sus hijos que dependan de él, menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

Por último, es importante mencionar que el Decreto establece importantes modificaciones en cuanto a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para la solicitud de una tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión, será necesario que dicho ciudadano comunitario o en su caso el familiar de éste, disponga de medios económicos. Es decir, para que aquellos comunitarios que quieran regularizar a sus familiares, de tal forma que éstos puedan acceder a la asistencia sanitaria pública española, los que dan derecho a la tarjeta, tendrán que disponer de medios económicos.

El punto que ha suscitado más polémica de la nueva normativa, es el referente a la limitación de la sanidad pública para los inmigrantes irregulares. Antes de comentarlo, recordemos que el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, establecía lo siguiente en cuanto al derecho a la asistencia sanitaria se refiere: “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

El artículo 12 de la ley de extranjería, fijaba como requisito para tener asistencia sanitaria a los extranjeros el requisito del padrón. Cualquier persona empadronada en España, de manera independiente a su nacionalidad, tenía acceso a la sanidad pública en igualdad de condiciones que un español.

Con el nuevo Decreto, se estableció que a partir del 1 de septiembre del 2012, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en los siguientes supuestos:

  • De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
  • De asistencia al embarazo, parto y postparto.
  • En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»

Lo que realmente suscita muchas críticas es el hecho de que un sector de la población podríamos decir “en riesgo de exclusión social”, queda prácticamente fuera de la posibilidad de ser atendidos por la sanidad pública española. Sin embargo y a pesar de ello, muchas comunidades autónomas han optado por atender a este colectivo.

Así, por ejemplo, tenemos el caso de Cataluña, que a pesar de que la normativa recientemente aprobada, sí atiende a los inmigrantes irregulares; por el contrario hay comunidades, como la de Canarias, en donde en algunos casos han limitado el acceso a la sanidad pública española. Tal es el reciente caso de un inmigrante diabético que pierde la cobertura por no llevar un año empadronado en Canarias.

 

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Marina Cortasa Cachero
Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados