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VIGILANCIA EXTREMA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS ANTE LOS MATRIMONIOS Y PAREJAS DE HECHO CELEBRADOS EN FRAUDE DE LEY

17-04-13

Aquella persona casada con español o bien con un ciudadano de la Unión tiene derecho a obtener una tarjeta de residencia en nuestro país, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para ello según  el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

También existe la posibilidad tramitar dicha tarjeta cuando se está inscrito como pareja de

hecho en un registro público. Este trámite al ser más fácil y rápido, comparándolo con un expediente matrimonial, hizo que se produjera un verdadero aluvión de solicitudes que llevó a las diferentes Oficinas de Extranjería a sospechar de la posibilidad de existir fraudes en éstas. Por ello, en el caso de Barcelona, la Subdelegación del Gobierno solicitó a la Dirección General de la Policía que llevara a cabo entrevistas y averiguaciones sobre la veracidad del vínculo de parentesco que se alegaba al tramitar este tipo de tarjetas de residencia.

En este sentido, la Administración ha denegado muchas solicitudes basándose en que consta un informe emitido por la Dirección General de la Policía que indica que la relación de parentesco alegada entre el ciudadano comunitario y el extranjero tiene como único interés la regularización en nuestro país de este último.

Pero recientemente están dando un paso más en todo esto. La Dirección General de la Policía ha empezado a iniciar expedientes sancionadores a ambas personas sobre la base del artículo 53.2. b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, a aquellos quecontraen matrimonio, similar relación afectiva análoga cuando dichas conductas se realizan con ánimo de lucro o con propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito”.

 Es decir, pueden proponer multas que van desde los 501 euros a los 10.000 euros. Siendo lo más sorprendente no sólo es esto sino que también estas averiguaciones se están llevando a cabo con aquellas personas que han contraído matrimonio en nuestro país, las cuales, como es sabido, han presentado un expediente prematrimonial el cual ha sido aprobado previamente por el Juez correspondiente. 

Finalmente señalar que en muchos casos habría que cuestionar si estás “entrevistas” en las Comisarías se ajustan a la legalidad ya que en algunas en las que el informe de la Policía ha sido calificado como desfavorable denegando así la solicitud inicial después, en vía de recurso, este ha sido estimado concediéndole al extranjero su correspondiente tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Desde nuestro despacho te animamos a que si tienes cualquier duda nos la consultes.

 

Victoria Viñamata Serra

Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados