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QUÉ REPERCUSIÓN PUEDE TENER UNA CONDENA PENAL EN LA SITUACIÓN DE UN CIUDADANO EXTRANJERO. LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA DEFENSA PENAL

22-05-13

Cuando un ciudadano extranjero está acusado de la presunta comisión de un hecho delictivo nos podemos encontrar con que dicho ciudadano esté en situación regular o irregular. Es importante tener en cuenta que en el último supuesto, en la mayoría de ocasiones, la Policía podrá incoar, además, un expediente sancionador solicitando a la correspondiente Oficina de Extranjería la expulsión de la persona.

Igualmente, si el ciudadano se encuentra en situación legal en España será importante en el proceso penal valorar si está pendiente de renovar su autorización de residencia, está

tramitando la nacionalidad española, etc.

Desde el ámbito penal hay que valorar la situación administrativa del extranjero para decidir si conviene o no prestar su conformidad con los hechos y la pena que se le imputan. Esto debe ser así incluso en los supuestos en los que puede acogerse a la reducción de un tercio de la pena ya que dependiendo de su situación administrativa esa conformidad puede suponer su expulsión del territorio español o que se quede en situación irregular.

Cuando no es titular de una autorización de residencia, de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, la acusación (Fiscal), si la pena privativa de libertad es inferior a seis años, puede pedir la sustitución de esta por la expulsión del territorio español. Es importante saber que esto no es automático, el juez, tras dar audiencia al penado, debe valorar las circunstancias personales del mismo. Es decir, aunque carezca de autorización de residencia, deberemos aportar documentos que acrediten su arraigo en España; si tiene familia; hijos que dependan de él económicamente, etc., Deberemos adjuntar pruebas para que el juez pueda valorar las concretas circunstancias personales del penado para acordar o no la expulsión. También deberá valorar el delito que se le imputa, la gravedad de los hechos y si tiene más condenas o no. La pena a imponer deberá ser proporcional.

Por tanto, al no ser automática la sustitución de la pena por la expulsión en cuanto exige algunos requisitos sobre los que puede practicarse prueba, realizando una buena defensa es posible que no se acuerde la expulsión. El juez debe oír al acusado sobre la cuestión y darle la posibilidad de proponer prueba.

Por todo ello es muy importante valorar si conviene o no una sentencia de conformidad.

La solicitud de expulsión la ha de solicitar el Ministerio Fiscal. En el momento de la asistencia al extranjero, el abogado defensor deberá valorar las circunstancias personales tales como, encontrarse en trámites de matrimonio con una persona que resida de manera legal o bien con un ciudadano comunitario, así como la existencia de hijos que sean titulares de una autorización de residencia o bien que sean ciudadanos comunitarios. También se valorará que éste tenga obligaciones en España de guarda y custodia o alimentos; o haya sido víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores o de violencia de género y, en su caso, haber cooperado con las autoridades.

La expulsión del territorio español de un ciudadano extranjero acordada en un proceso penal llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la legalización en España de esta persona. Evidentemente se reducen las posibilidades de defensa, pero pese a ello el abogado defensor debe agotar todas las posibilidades existentes valorando el tipo delictivo imputado; el grado de participación; el tiempo que lleva el ciudadano extranjero residiendo en España; la fecha de comisión del delito así como la del juicio y la de la imposición de la pena, y todo ello con relación a la fecha de la solicitud de la autorización de residencia ante la Oficina de Extranjería y tiempo de tramitación de dicha solicitud. El mal funcionamiento de la Justicia (dilaciones indebidas) no debe perjudicar los intereses de los ciudadanos.

Es muy importante, cuando hay una condena penal, que el abogado realice el seguimiento de la causa para que el cumplimiento de la pena no se alargue de forma innecesaria. En muchas ocasiones no se inicia hasta pasado mucho tiempo y ello perjudica seriamente los intereses del ciudadano extranjero, ya que, hasta que no se cumpla la pena no puede iniciarse el cómputo del plazo para cancelar los antecedentes penales y posteriormente cancelar los policiales.

La expulsión podrá ser revocada, se puede y se debe, solicitar al Juzgado la sustitución de la pena de prisión que conlleva la expulsión por la imposición de otra pena como puede ser una multa o realizar trabajos en beneficio de la comunidad y ello de conformidad con el Código Penal, valorando el hecho delictivo y la pena impuesta.

Por último señalar que el retraso injustificado en el cumplimiento de la pena (ejecución), siempre que no sea imputable al penado, no puede lesionar los intereses del ciudadano extranjero.

 Marta Segura García-Consuegra

Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados