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UN JUEZ DICTA UN AUTO DE LIBERTAD PARA UNO DE NUESTROS CLIENTES Y POR TANTO LA POLICÍA NO PUEDE INTERNARLO EN EL CIE PARA EXPULSARLO

 

18-11-2013

El derecho fundamental a la libertad consagrado en el Art. 17 de la CE de 1978 es un derecho vinculante para los jueces que debe presidir la interpretación del resto del ordenamiento jurídico que sólo puede verse restringido en causas excepcionales y por motivos graves, así lo señala el Juez de Instrucción en el Auto que acuerda denegar  la solicitud de autorización de internamiento cautelar de nuestro cliente hasta que se ejecutara su expulsión de España.

Los hechos le ocurrieron a M.M,  de 21 años, el mismo día que cumplía íntegramente los tres años y medio de cárcel a los que había sido condenado, su madre, quien estaba esperándole a la salida de la prisión, vio como la Policía en lugar de dejarlo en libertad lo trasladaba directamente al Juzgado de Instrucción. Allí

comparecería ante el Juez que sería el qué decidiría si se procedía o no al internamiento del extranjero en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), durante un máximo de 60 días, mientras se ejecutaba su expulsión del territorio nacional. Aclarar en este sentido que, por encontrarse indocumentado, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona decretó su expulsión la cual había sido recurrida desde nuestro despacho.

Al joven no le une nada a su país de origen más que su pasaporte ya que llegó a España cuando aún era menor de edad y ha pasado más tiempo en nuestro país que en el que le vio nacer. Su madre, quien ha luchado por sacarlo adelante, veía con temor una nueva privación de libertad de su hijo y un futuro incierto si finalmente lo expulsaban.

En el Auto podemos resaltar el interesante razonamiento que lleva a cabo el Juez de instrucción que, tras escucharnos y al Ministerio Fiscal que solicitaba el internamiento, señala que, además del arraigo que se demuestra por parte de nuestro cliente en España,  el Cuerpo Policial no alega ni motiva las razones por las que entiende que la medida privativa de libertad es necesaria. A mayor abundamiento, el decreto de expulsión se encuentra recurrido por lo que cabría la posibilidad de que fuera revocado. Igualmente indica que no se especifican los motivos por los que se opta por el internamiento en lugar de por otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales, en atención al principio de proporcionalidad, máxime cuando se tenía conocimiento de que el detenido salía ese día de la prisión tras cumplir su condena, pudiendo la autoridad competente adoptar medios pertinentes a su alcance para llevar a efecto la medida de expulsión gubernativamente sin tener que privar de libertad a nuestro cliente. Es por ello que esta medida deviene “absolutamente innecesaria y por ello desproporcionada” en palabras del propio Juez. Igualmente indica que, ni siquiera se le ha dado al detenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el país en el plazo de 72 horas que establece la Ley de Extranjería, pues había sido puesto en libertad ese mismo día tras cumplir la condena de prisión.

Entendemos que privar de libertad a una persona no puede ser el primer recurso que se utilice por parte de nuestras autoridades cuando existe un decreto de expulsión, puesto que es la medida que atenta de un modo más directo contra la persona y es interesante que desde el aparato judicial se abogue por la utilización de otros medios posibles antes de proceder con los automatismos a los que se nos tiene acostumbrados nuestra Administración a privar de libertad a un individuo.

Victoria Viñamata Serra

Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados