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LA EXIGENCIA DEL PAGO DE TASAS PARA PODER ACCEDER A LA JUSTICIA Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

13-04-2014

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, regula las tasa en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Dicha tasa tiene carácter estatal  y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en la Ley. 

La pequeña reflexión que se pretende llevar a cabo en este artículo no versa sobre la posibilidad de que el Estado prevea el pago de una tasa para el acceso a la justicia, situación que ya avaló el Tribunal Constitucional, sino sobre el monto económico que se exige abonar en concepto de ésta, y si el desembolso de esa cantidad  puede privar a los ciudadanos del derecho a acudir a los Tribunales. En este sentido, puede afectar, de algún modo, al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de nuestra Constitución. Es decir, el derecho de las personas a tener libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho.

En cuanto al orden contencioso-administrativo, siendo dicho orden al que uno debe dirigirse contra una resolución de la Administración, el monto en concepto de tasa que finalmente ha de pagar un ciudadano para acceder a la justicia llega, en algún caso, a superar los honorarios del procurador o del abogado.

Las tasas implican la suma de dos factores, una cantidad variable, en función de la cuantía del procedimiento, con un tipo del 0,5% hasta 1.000.000 de euros y de 0,25% sobre el resto, con el límite de 10.000 euros; y  una cantidad fija en función del tipo de proceso, en concreto en el contencioso-administrativo serían 200 euros en el procedimiento abreviado, 350 en el ordinario, 800 para la apelación y 1.200 para la casación  Dichas cantidades son, a simple vista, excesivas, más en un ámbito como el nuestro, el contencioso-administrativo, en el que la acción ante la Justicia es a su vez un control importante a nuestra Administración Pública.

Sobre la necesidad de que el importe de esas tasas  no sea excesivo, puesto que ello perjudicaría notablemente el acceso a la Justicia, se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Existen sentencias en las que declara la necesidad de que la cuantía debe incluir la capacidad del solicitante para pagar y la fase del procedimiento en la que se encuentra. En este sentido, Asunto Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001.

Basta que nos centremos en los resultados para darnos cuenta de la actual situación.  El Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe sobre una primera valoración del impacto de la modificación de las tasas judiciales y, por jurisdicciones, se observa un apreciable efecto de las mismas en la reducción del número de procedimientos interpuestos por los ciudadanos contra la Administración Pública en la vía contenciosa-administrativa. El número de asuntos en esta jurisdicción descendió un 14,9%, sin tener en cuenta las demandas masivas por las bajadas de salarios a los trabajadores públicos ya que fueron eliminadas del análisis. Todo ello no deja de ser en perjuicio de los propios ciudadanos, y de nuestro Estado de Derecho, puesto que si se ponen trabas y dificultades para controlar a nuestras Administraciones Públicas, las consecuencias pueden ser gravísimas, imposibilitando también que los ciudadanos puedan reivindicar sus derechos, siendo que, a la reconocida lentitud de la justicia debe sumarse el dinero que debe pagarse por acceder a ella. Con relación a lo mencionado, indicar que la obligación de abonar unas tasas no ha venido de la mano de una mayor agilidad en cuanto a la resolución de las demandas y recursos interpuestos, planteándose uno para qué servirá entonces tanto esfuerzo por parte de los ciudadanos, cuando no pueden observar unos mejores resultados en cuanto al funcionamiento de la Justicia.

Victoria Viñamata

Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados