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EL MATRIMONIO FRAUDULENTO II

28-12-2012

¿Cómo lucha el Estado contra los matrimonios de complacencia?

Desde el ámbito  comunitario han ido llegando recomendaciones para evitar los matrimonio fraudulentos. Estas directrices han sido incorporadas a la Ley de Extranjería, a su Reglamento, y a varias Instrucciones de la Dirección General de Los Registros y el Notariado.

Destaca la Resolución del Consejo de 4 de diciembre de 1997 «sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos»; en ella se indican una serie de factores que en caso de presentarse, podrían permitir al encargado del Registro Civil  presumir la existencia de un matrimonio fraudulento, y son los siguientes: el no mantenimiento de la vida en común; la ausencia de una contribución adecuada a las responsabilidades derivadas del matrimonio; el hecho de que los cónyuges no se hayan conocido antes del matrimonio; también el hecho de que éstos se equivoquen sobre sus respectivos datos (nombre, dirección, nacionalidad, trabajo), sobre las circunstancias en que se conocieron o sobre otros datos de carácter personal relacionados con ellos; que no hablen una lengua comprensible para ambos; que se haya entregado una cantidad monetaria para que se celebren las núpcias (a excepción de las cantidades entregadas en concepto de dote, en el caso de los nacionales de terceros países en los cuales la aportación de una dote sea práctica normal); que el historial de uno de los cónyuges revele matrimonios fraudulentos anteriores o irregularidades en materia de residencia.

La preocupación por la creciente extensión del fenómeno de los matrimonios de complacencia ha llevado a la Comisión Internacional del Estado Civil a acordar la constitución de un Grupo de Trabajo específico para intercambiar las experiencias y medidas adoptadas para combatir tal fenómeno en los distintos países miembros.

En la misma línea, se ha de nombrar la reciente iniciativa adoptada en Francia, que introduce el trámite de audiencia previa para evitar matrimonios de complacencia.

Esta preocupación se extiende a otros países miembros de la Unión Europea así, en Bélgica con la adopción del nuevo Código de Derecho Internacional Privado, en Holanda con el procedimiento de verificación y control de los documentos de estado civil extranjeros, en Suiza con la atribución de mayores poderes a los Encargados de los Registros Civiles para poder denegar las inscripciones de documentos que consideren fraudulentos, en Reino Unido con una mayor especialización de los Encargados de los Registros Civiles con el mismo objeto, etc.

En el ámbito español, el Real Decreto 557/2011 (Reglamento de la Ley de Extranjería), en su artículo 53 indica que: El extranjero podrá reagrupar con él en España a su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En el ámbito de Registro Civil, la preocupación ante la expansión de este fenómeno, hizo que la Dirección General de Registros y del Notariado comenzara a pronunciarse sobre los efectos de los matrimonios de conveniencia en nuestro país a partir de 1993. Para evitar que se celebren matrimonios de complacencia, dictó el 9 de enero de 1995, la Instrucción “sobre el Expediente Previo al Matrimonio cuando uno de los contrayentes esta domiciliado en el Extranjero” señalando la importancia del trámite de audiencia de cada uno de los contrayentes por separado y de modo reservado en el que el instructor del expediente puede y debe interrogar a los contrayentes para cerciorarse de la verdadera intención matrimonial de los mismos o, en su caso, descubrir posibles fraudes.

En enero de 2006, la Dirección General de Registros y del Notariado dictó la Instrucción  sobre “matrimonios de complacencia”. En ella se indican los criterios que los jueces deben tener presentes a la hora de autorizar o inscribir los matrimonios.

Si los contrayentes demuestran conocer suficientemente los datos básicos personales y familiares mutuos, debe presumirse, conforme al principio general de presunción de la buena fe, que el matrimonio no es simulado y debe autorizarse o inscribirse, según los casos.

Se indica, también, que el conocimiento o desconocimiento de estos datos personales es sólo un elemento que puede ayudar a la Autoridad española a formarse una certeza moral sobre la simulación o autenticidad del matrimonio, añadiendo que puede probarse que los contrayentes han mantenido relaciones antes de la celebración del matrimonio, bien personales, o bien por carta, teléfono o internet que por su duración e intensidad no permita excluir toda duda sobre la posible simulación.

Para acreditar la existencia de auténticas y verdaderas relaciones entre los contrayentes se fijan unas reglas y se dan unos criterios que serán valorados por el juzgador: acreditar la convivencia, justificar la relación en un tiempo ininterrumpido, acreditar la relación epistolar o telefónica, las visitas al extranjero si el cónyuge no reside en España, el hecho de tener un hijo en común, el tener una lengua común, el hecho de que uno de los dos no disponga de documentación para residir en España, la constancia de matrimonios fraudulentos anteriores, la entrega de una cantidad monetaria, el hecho de que los cónyuges se hayan conocido pocos días antes de la celebración de la boda, etc.

Ahora bien, aún existiendo estas reglas resulta sumamente difícil determinar la falta de consentimiento. Es muy raro que existan pruebas directas de la voluntad simulada, de modo que descubrir la verdadera voluntad encubierta de las partes, es una tarea difícil en la cual juega un importante papel la prueba de la presunción judicial, para cuyo éxito “es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir, haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”.

Hay que tener en cuenta, que existe una presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado, más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo o impedimento legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, por lo que “ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas, a la celebración o inscripción del enlace”.

En el ámbito Penal, el artículo 219.1 del Código Penal castiga al “que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente”. Es llamativo el hecho de que no esté tipificado como delito -el contraer matrimonio en fraude de ley- y que los contrayentes puedan libremente simular su consentimiento cuando lo que se quiere es poner freno a este tipo de uniones.

 

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Elvira Rodríguez Marín
Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados