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DERECHO DE FAMILIA II: EFECTOS RESPECTO DE LOS HIJOS EN SITUACIONES DE CRISIS FAMILIAR. LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA

11-01-2013

Las medidas que deben regularse respecto de los hijos en los casos de ruptura de la pareja de hecho, separación, nulidad y divorcio, son las mismas siendo indiferente la situación jurídica de los progenitores.

El hecho de que los progenitores decidan poner fin a su convivencia no debe afectar a la titularidad, ni tampoco al ejercicio de la patria potestad. El Código Civil establece que “las separaciones, la nulidad o divorcio, no exime a los padres de sus obligaciones con sus hijos”. El cese de la convivencia determinará que todas las funciones de la patria potestad continuarán inalienables a excepción del deber de tener sus hijos en su compañía, ya que a un progenitor se le atribuirá la custodia de los hijos, y a favor del otro se establecerá un régimen de estancias, visitas y comunicación, salvo que se atribuya la custodia de forma compartida.

En consecuencia, las responsabilidades de los progenitores hacia sus hijos, se mantienen después de la ruptura. En caso de no existir acuerdo entre los progenitores o si este acuerdo no es aprobado judicialmente, corresponderá a la autoridad judicial determinar cómo se han de ejercer las responsabilidades parentales, teniendo en cuenta el carácter conjunto de tales responsabilidades y el interés del menor.

En Cataluña, la guarda y custodia se regula en la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña. Esta Ley introduce dos novedades en relación a la responsabilidad de los progenitores hacia sus hijos en casos de ruptura:

 

  1. establece que toda propuesta de los progenitores sobre esta materia se ha de incorporar en el proceso judicial en forma del denominado plan de parentalidad siendo éste, el instrumento que concreta la manera como los progenitores piensan ejercer las responsabilidades parentales, donde se detallan los compromisos que asumen respecto de la guarda, el cuidado y educación de los hijos; y,
  2. abandona el principio general según el cual la ruptura de la convivencia de los progenitores significaba automáticamente que los hijos se debían separar de uno de los progenitores, para encomendarlos individualmente al otro. La guarda se ha de ejercer de la forma convenida por los progenitores. Si no hay acuerdo, es la autoridad judicial, la que determina, atendiendo el interés del menor, la guarda compartida o la monoparental. La Ley en Cataluña, no fija como preferente el modelo de guarda compartida; destacándose como criterios para determinar la guarda individual: la vinculación especial de los hijos con uno de los progenitores y la dedicación a los hijos que el padre o la madre hayan tenido antes de la ruptura.

 

En Aragón, la Ley 2/2010 de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, configura la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de convivencia de los padres y en ausencia de pacto de las relaciones familiares.

Para establecer la custodia compartida, el Tribunal Supremo ha venido fijando determinados criterios como: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes (en Cataluña se toma en consideración los menores de 12 años o los que tengan suficiente juicio; en Aragón, los menores mayores de 12 años); el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con sus hijos; ubicación de sus respectivos domicilios; horarios y actividades de unos y otros. La ley aragonesa se refiere a la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos, así como a la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. Asimismo la ley catalana alude a la vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores y a la actitud de cada progenitor para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad de los hijos.

Respecto a la pensión de alimentos, cuando el modelo que se instaura es la guarda individual, se fija y cuantifica la prestación de alimentos mediante la fijación de una cantidad determinada que de forma periódica debe abonar el progenitor no custodio al otro progenitor. Pero cuando se atribuye la guarda de forma alterna a uno y otro progenitor ni el Código Civil, ni las regulaciones autonómicas se pronuncian al respecto. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, considera, que cuando la capacidad económica de ambos progenitores es similar, puede acordarse que cada progenitor asuma los gastos de alimentación , cuando el menor esté bajo su guarda, resultando conveniente preveer la contribución de determinados gastos que se producen de forma fija, como los escolares, extraescolares, mutua médica, etcétera. Si la capacidad económica no es similar, procederá determinar una contribución a cargo de uno de los progenitores y a favor del otro, debiendo quedar claro en qué proporción cuál de los dos progenitores o ambos, contribuyen a los gastos fijos.

 

Marta Segura García-Consuegra
Equipo Jurídico Antonio Segura Abogados